El pasado mes de marzo, el Consejo de la Unión Europea dio luz verde a la revisión de la Directiva relativa a los delitos contra el medioambiente, la cual fortalece las penas para aquellos comportamientos que causen daño a los ecosistemas y a la vida silvestre.
Esta nueva versión de la Directiva trae consigo mejoras sustanciales al marco legal vigente, aunque organizaciones como el Eurogrupo para los Animales demandan que los Estados miembro tomen medidas más contundentes y precisas al trasladar la legislación a sus respectivos sistemas jurídicos, según cuentan en un comunicado.
Si bien la versión anterior de la Directiva consideraba la caza furtiva y el comercio ilegal de especies salvajes como actos delictivos, la nueva legislación expande su alcance con información adicional. Ahora, el comercio en línea queda expresamente incluido en el ámbito de aplicación.
Además, esta normativa detalla con mayor precisión las listas de especies amenazadas que deben ser consideradas. Asimismo, la normativa prevé una excepción para casos de "una cantidad insignificante de especímenes", pero el nuevo texto especifica que ciertos elementos, como el estado de conservación de la especie, deben ser considerados al evaluar esta condición.
La nueva versión de la Directiva incluye sanciones tanto para personas físicas como para entidades jurídicas
La versión anterior de la Directiva proporcionaba pautas mínimas sobre las sanciones para los delitos mencionados, requiriendo que fueran "eficaces, proporcionadas y disuasorias". La revisión de la Directiva es más detallada en este aspecto, introduciendo sanciones tanto para personas físicas como para entidades jurídicas.
Concretamente, se establece que las sanciones máximas por delitos relacionados con la caza furtiva y el comercio de animales deben ser de al menos tres años de prisión para individuos y una multa equivalente al 3% del volumen de negocios global para empresas. A pesar de ello, estas sanciones siguen siendo consideradas insuficientes, en este caso por el Eurogrupo, dada la magnitud del impacto negativo en la biodiversidad, la conservación y el bienestar animal, pero representan un paso importante hacia adelante.
Aunque no tiene carácter vinculante, uno de los considerandos de la legislación establece que los Estados miembro deben asegurar una gestión adecuada de los productos e instrumentos embargados y confiscados, de acuerdo a su naturaleza. En resumen, se invita a los Estados miembro a implementar nuevas disposiciones para garantizar el bienestar de los animales confiscados, incluyendo la consideración de activos confiscados para cubrir los costes de su mantenimiento durante los procedimientos.
Además de estas mejoras, el Eurogrupo destaca la ambición de la nueva Directiva de abordar los delitos ambientales en su totalidad. Se espera que este marco revisado contribuya de manera significativa a desalentar comportamientos perjudiciales que resulten en una disminución de la degradación ambiental, una mejor salud del ecosistema y condiciones de vida mejoradas para la vida silvestre.