Ya ha pasado un año de la entrada en vigor de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Esta normativa se puso en marcha en septiembre de 2023 con el objetivo de garantizar la protección, el bienestar y la seguridad de los animales, y para asegurar una tenencia responsable. Sin embargo, la Ley se puso en marcha con algunas cuentas pendientes en algunas de sus medidas.
Pero a pesar de esto, desde la Dirección General de Derechos de los Animales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, han trabajado para que la ley se cumpla y sea efectiva en la protección de los animales. Precisamente, el director del departamento, José Ramón Becerra, ha destacado las diferentes actuaciones impulsadas por la dirección con motivo de este aniversario.
El objetivo no es otro que "que la norma respete el reparto competencial”
Tal y como ha comunicado Becerra, “para que una ley se pueda cumplir, hay que crear políticas e instrumentos, vencer resistencias, corregir carencias”. En cualquier caso, volviendo a la Ley de Bienestar Animal, la primera barrera a la que hizo frente fue a los recursos de inconstitucionalidad de Extremadura y Euskadi. Según cuenta Becerra, “en diciembre se alcanzó un acuerdo con ambas comunidades” y en julio se llevaron a cabo “reuniones bilaterales”, que continuarán más adelante. El objetivo no es otro que "que la norma respete el reparto competencial”, afirma.
Otra de las medidas –la que probablemente más disputas ha generado entre los veterinarios y gobiernos autonómicos- es la regulación de 25 artículos que precisan de un reglamento para ser aplicables. Según comunica el director, en julio se presentaron el borrador del Real Decreto y el 15 de septiembre finalizaron las aportaciones de las comunidades autónomas. “Para mediados de octubre queremos iniciar la exposición pública”, ha explicado.
Por su parte, todavía quedan por perfilar algunos aspectos de varios artículos. Por ejemplo, el artículo 9, relativo al Sistema Central de Registros para la Protección Animal (SICERPA), que tiene como objetivo “coordinar la información de los registros autonómicos y asegurar su interoperabilidad”. El director del departamento informa de que “en octubre cerramos el diseño del sistema con las comunidades autónomas y licitamos su elaboración”.
“La ley nos exige dotar de medios a instituciones y entidades para que puedan actuar”
Asimismo, esta norma proponía la creación de diferentes planes de actuación y, para que puedan llevarse a cabo, “la ley nos exige dotar de medios a instituciones y entidades para que puedan actuar”. Y para ella, la Dirección General de Derechos de los Animales propone un Plan de Acción sobre Gestión de Poblaciones Felinas para este 2024, y un Plan de Acción contra el Abandono que tendrá que esperar al próximo 2025. Además, Becerra sostiene que la colaboración entre administraciones es “imprescindible para evitar que la protección animal sea objeto de confrontación política”.
¿QUÉ SE HA CONSEGUIDO HASTA AHORA?
Aunque los artículos anteriores todavía estén por perfilar, Becerra asegura que algunos “logros ya se empiezan a percibir con la ley”. Es el caso de las colonias felinas. “En 2024 se han duplicado los ayuntamientos que se han puesto manos a la obra. Son ya unos 1.500 (65% de la población española)”, indica. En esta línea, “para los que no tienen recursos técnicos o humanos”, la dirección ofrece “directriz técnica, formación impartida por el departamento” y otras ayudas, según anuncian.
La dirección también ha puesto en marcha medidas para los animales silvestres en cautividad; el sacrificio cero que “ya se está aplicando”, aunque “preocupan los animales con estancias más prolongadas” como los PPP; y también la cría de animales, y las tiendas y comercios. En cuanto a la cría, “la ley exige que sean lugares autorizados, tengan formación y estén inscritos en el Registro Central”. Sobre las tiendas y comercios, Becerra explica que desde el pasado 22 de septiembre “no se pueden exponer ni vender perros y gatos en los comercios”.
En cuanto a la tenencia responsable, “la ley dice cómo tenemos que tratar a nuestros animales de compañía”, indica el director, por lo que el departamento ha reactivado “el Plan PATRAC de Actuaciones para la Tenencia Responsable de Animales, para difundir materiales y hacer campañas en medios”. Por ahora, el resto de medidas, como la protección de los perros excluidos de la ley y utilizados con fines profesionales, siguen en trámite dentro de la Dirección General de Derechos de los Animales. “Algunos resultados se verán pronto, otros tardaremos en percibirlos, pero solo el trabajo planificado y constante nos permite alcanzar las metas”, concluye Becerra.