26/JUNIO/2017
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Profesionales

Los médicos rechazan los presupuestos del Estado y exigen reunirse con Montoro

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos considera que el proyecto que prepara el Gobierno central no acabará con la precariedad laboral ni con la infrafinanciación del Sistema Nacional de Salud.

ANGEL ESPÍNOLA | Madrid - 18-05-2017 | 0


Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 tampoco convencen a los médicos españoles. Al igual que los sindicatos CC.OO y UGT mostraron recientemente sus discrepancias con la normativa (aún pendiente de aprobar), en lo que respecta al ámbito sanitario, ahora es la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) la que exige mantener una reunión con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, para transmitirle su “preocupación” por las partidas sanitarias recogidas en los presupuestos.

Para los médicos la subida salarial que contemplan los presupuestos “es mínima” y conllevará que los facultativos sigan acumulando pérdidas retributivas
Concretamente, los médicos se centran en el aspecto laboral, recordando que con el actual proyecto de presupuestos los profesionales no recuperarán el salario perdido desde que en junio de 2010 se llevara a cabo el primero de los recortes. Desde entonces, “el poder adquisitivo de los facultativos ha sufrido una merma de entre el 25% y el 30%”.

Frente a esta situación, la subida que se baraja para 2017, del 1%, “es mínima, inferior incluso a la inflación de 2016 y la prevista para este año”, por lo que los médicos, lejos de verse compensados por el deterioro de sus nóminas desde 2010, continuarán acumulando pérdidas retributivas.

Por otro lado, y aunque el artículo 19 del proyecto de PGE recoja el acuerdo firmado en marzo entre los sindicatos y el Gobierno central, para la reducción de la temporalidad en el empleo, mediante una Oferta Pública de Empleo (OPE) nacional con hasta 129.000 plazas sanitarias, el CESM estima que este tipo de medidas no supone más que “una serie de parches con los que se pretende maquillar el mal acuerdo que rubricó el Ministerio de Hacienda con los sindicatos de la mesa general de la Función Pública”.

Y es que, frente a lo recogido en el mencionado acuerdo, los facultativos españoles piden catalogar como estructurales todas las plazas eventuales que lleven siendo ocupadas durante más de un año, llevar a cabo cuanto antes la gran OPE coordinada en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS), y acabar con la tasa de reposición.

PARTIDAS “INSUFICIENTES” PARA LAS AUTONOMÍAS

Por último, la organización sindical también considera que, con el actual proyecto, el SNS seguirá infrafinanciado, puesto que “son insuficientes las partidas presupuestarias que reciben las Comunidades Autónomas para financiar los respectivos sistemas de salud, situación que es debida al hecho de que España no está haciendo el mismo esfuerzo que otras naciones europeas para cuidar la salud de sus ciudadanos”.

De esta forma, si a los recortes presupuestarios se une la creciente demanda de cuidados por, entre otras razones, el progresivo envejecimiento de la población, “se entenderá que la notable credibilidad del SNS sólo se mantiene gracias a la entrega y, en cierto modo, explotación de sus profesionales. Pero ya hemos advertido que esta situación no puede prolongarse ni un minuto más. Tiene un límite, y los médicos ya lo estamos expresando a gritos”, indican los facultativos.

SATSE DESCONFÍA DEL PROCESO PARA REDUCIR LA TEMPORALIDAD

Por otro lado, el sindicato de Enfermería, Satse, ha manifestado al Ministerio de Sanidad su oposición a seguir negociando con las autonomías sobre el acuerdo para reducir la temporalidad laboral en el sector, lo que se viene haciendo “por correspondencia”. Esto, para el sindicato, es una muestra de que los gobiernos regionales “están perdiendo tiempo de manera deliberada al no tener un interés prioritario por acabar con la grave situación de precariedad que sufren miles de profesionales sanitarios en todos los servicios de salud”. Por ello, los profesionales exigen que los sindicatos puedan negociar directamente con las autonomías las propuestas para acabar con la temporalidad.


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