17/AGOSTO/2017
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Los médicos de las prisiones: guardias a 7 euros la hora y dos facultativos para 1.500 internos

Los profesionales de la Sanidad Penitenciaria denuncian la discriminación laboral que sufre el colectivo al pertenecer al cuerpo de funcionarios del Ministerio del Interior, así como la escasa cobertura de las vacantes en los centros penitenciarios.

ANGEL ESPÍNOLA | Madrid - 15-03-2017 | 0


“Olvidados no, estamos olvidadísimos”. Así califica la situación de los médicos que trabajan en las cárceles españolas Carmen Hoyos, coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la Organización Médico Colegial (OMC). Una situación, en gran parte, que se deriva de la pertenencia de estos facultativos al Ministerio del Interior, y no al de Sanidad, algo que, no obstante, la portavoz espera que cambie en los próximos años.

“Tenemos muchos pacientes con VIH y hepatitis crónicas que requieren un seguimiento muy exhaustivo. Pero hay centros donde es imposible porque sólo podemos dedicarnos a lo más urgente”
El problema, principalmente, es que al pertenecer a este ministerio “los sindicatos que nos representan suelen dedicarse a defender a personal que se dedica a funciones de seguridad, no sanitarias, por lo que nuestras reivindicaciones nunca han sido escuchadas”.

A esto, por otra parte, se le una la discriminación en materia de derechos laborales que sufren estos facultativos respecto al resto de médicos del Sistema Nacional de Salud. Un ejemplo de ello es el de las guardias médicas, a las que están obligados los médicos de las prisiones, pero que hasta el año 2006 se pagaban a precios irrisorios. “La hora de las guardias localizadas se pagaban a 1 euro, y las de presencia física a 7”, comenta Hoyos en declaraciones a Consalud.es.

Ese mismo año, una huelga generalizada permitió establecer acuerdos para que el precio de esta hora de guardia se incrementara y en 2008 Interior establecía en un documento que la hora de presencia física se pagaría a 16,5 euros y las localizadas a 7,5 euros (aunque el recorte salarial a los funcionarios de 2010 rebajó ligeramente estas retribuciones).

LUCHA EN LOS TRIBUNALES

Desde entonces, sin embargo, “no se ha hecho ninguna revisión de estos acuerdos y ha sido gracias a nuestros recursos interpuestos ante los tribunales por lo que se ha reconocido, por ejemplo, nuestro derecho a cobrar el prorrateo de estas guardias durante las vacaciones y los períodos de ausencia del sanitario, al considerarse como parte de la jornada ordinaria, y no como horas extra”.

Más allá de los dictámenes de los tribunales la situación del colectivo, según Hoyos, siendo muy discriminatoria. De hecho, el PSOE presentaba recientemente una pregunta de respuesta escrita en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno desglosara cuál es el número de plazas de personal médico y de Enfermería, cubiertas o vacantes, dentro de la Sanidad penitenciaria. El plazo para responder a esta pregunta, sin embargo, ha cumplido esta semana sin que se la Administración haya hecho público los datos.

“Otros partidos también han hecho preguntas de este tipo, pero no conocemos las respuesta. Lo que está claro es que las relaciones de puestos de trabajo en muchos centros penitenciarios están sin cubrir. Un ejemplo es el de Estremera (Madrid) donde hay dos médicos para cubrir a 1.500 internos”, añade Hoyos.

Esta situación, a su vez, acaba perjudicando a los pacientes: “Tenemos muchos pacientes con VIH y hepatitis crónicas que requieren un seguimiento muy exhaustivo. Pero hay centros donde es imposible porque sólo podemos dedicarnos a lo más urgente, porque además hay que tener en cuenta que tenemos muchas tareas burocráticas para informar a las instancias judiciales de la salud de los reclusos”.

TRANSFERENCIA A LAS AUTONOMÍAS

La portavoz del colectivo, sin embargo, tiene esperanza de que, como ya indican varias normativas desde la Ley General de Sanidad de 1986, la Sanidad penitenciaria sea transferida finalmente a las comunidades autónomas, algo a lo que se han comprometido los partidos presentes en el Senado mediante la aprobación de una moción en octubre de 2016.

“Esto supondría que los médicos pasaríamos a depender de las Consejería de Sanidad, y podríamos defender nuestros derechos como cualquier otro colectivo sanitario. De momento tenemos el consenso político, espero que se siga avanzandoen ello”, concluye Hoyos.


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