25/FEBRERO/2017
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En España cerca de 40 centros penitenciarios no tienen legalizado su servicio de farmacia

La SEFH, la OMC y la SESP unen sus fuerzas en un conjunto de acciones para la legalización de los servicios de farmacia en Instituciones Penitenciarias.

En la foto, de izquierda a derecha: Xosé Manuel Rey, Dra. Gloria Hervás, Dr. José Miguel Antolín, Dra. Carmen Hoyos, Dra. Miriam, Mª José Dalama y Dr. Miguel Ángel Calleja.
REDACCIÓN | Madrid. - 10-01-2017 | 0


La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Organización Médica Colegial (OMC) y de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) para establecer acciones e iniciativas conjuntas en beneficio del colectivo sanitario de Instituciones Penitenciarias. En dicho encuentro, participaron la doctora Carmen Hoyos (coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la OMC), el doctor José Miguel Antolín (secretario de la SESP), el doctor Miguel Ángel Calleja (presidente de la SEFH), la doctora Gloria Hervás (miembro del Grupo de Relaciones Laborales de la SESP), la doctora Miriam Celdrán (miembro de la SEFH), María José Dalama (gerente de la SEFH) y Xosé Manuel Rey (de la asesoría jurídica de la SEFH).

La legalidad vigente obliga a los centros penitenciarios a disponer de servicio de farmacia o depósito de medicamentos legalmente autorizado y con un facultativo especialista al frente
Durante la reunión, se ha establecido una hoja de ruta en la que, desde las entidades implicadas, se van a poner en marcha múltiples acciones en diversos frentes, tanto políticos como jurídicos. Entre los primeros cabe destacar la incorporación de las demandas a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, a través de los diferentes grupos parlamentarios, reclamando un modelo de organización en el que se cumpla la legalidad vigente que obliga a los centros penitenciarios a disponer de un servicio de farmacia o depósito de medicamentos legalmente autorizado y con un facultativo especialista al frente (en el caso de los servicios de farmacia).

A este respecto, también han destacado que actualmente alrededor de 40 centros penitenciarios no tienen legalizado el servicio de farmacia ni el depósito de medicamentos. Desde la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria apuestan por el modelo ya aprobado en País Vasco, donde se ha realizado la trasferencia completa de competencias en materia de sanidad penitenciaria, de forma que se facilita la continuidad asistencial de los internos.

INTEGRACIÓN EN EL SNS

En opinión del doctor Calleja, con esta nueva iniciativa “queremos apoyar la carrera profesional y señalar los centros penitenciarios que no tengan servicios de farmacia legalizados; al igual que a los laboratorios y almacenes mayoristas que les suministren”. Desde la SEFH se reclama como necesaria la instauración de servicios de farmacia legalmente dirigidos por farmacéuticos especialistas en Farmacia Hospitalaria. Esta petición se basa en que la prestación farmacéutica ofrecida en dichos centros incluye especialidades de uso hospitalario (especialmente antivirales para tratamientos de hepatitis C y VIH), medicamentos sujetos a especial control, antipsicóticos, psicótropos y estupefacientes.

“La integración en el SNS acabaría con las graves irregularidades que se producen en la actualidad”
Por parte de la OMC, la doctora Hoyos ha afirmado que estas irregularidades “se vienen arrastrando desde siempre” y es algo que “ha sido desoído por la Administración Penitenciaria”: “Es otra consecuencia del incumplimiento de los dictámenes legislativos de la Ley General de Sanidad de 1986 y de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud”. Ambas normas establecen que la Sanidad Penitenciaria debe estar integrada en el Sistema Nacional de Salud (SNS). “Dicha integración”, ha añadido Hoyos, “supondría la aplicación de las normativas comunitarias en materia de farmacia a los centros penitenciarios como un dispositivo más de salud y acabaría con las graves irregularidades que se producen en la actualidad”.

El doctor Antolín, desde la SESP, ha destacado la importancia que tiene para todos los profesionales que pertenecen a los servicios médicos de los centros penitenciarios la realización y publicación de estudios científicos independientes de los realizados y publicados por la Administración Penitenciaria.


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