23/AGOSTO/2017
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Opinión

RD de prescripción: Crónica de una muerte anunciada

Juan Hernández Yáñez
Sociólogo, consultor y divulgador

REDACCIÓN | Madrid - 21-03-2016 | 0


Aborrecido por los profesionales de enfermería, que lo consideran una humillación gratuita por parte del Ministerio de Sanidad y la Organización Médica Colegial. Informado negativamente, en aspectos esenciales, durante el proceso de elaboración del texto definitivo por la Abogacía del Estado, la Dirección General de Ordenación Profesional o la Agencia del Medicamento, según se ha ido conociendo estos días.

"¿Qué más necesita el ministro de Sanidad para adoptar la decisión que mejor se ajuste a derecho, y que políticamente sea más sensata que signifique la suspensión de la normativa?"
Recurrido ante el Tribunal Supremo por (hasta el momento) siete Comunidades Autónomas (Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, Navarra y País Vasco), seis organizaciones colegiales de enfermería (Consejos General y de la Comunidad Valenciana; colegios de Badajoz, Baleares, Murcia y Navarra) y cuatro sindicatos (CC.OO, CSIF, SATSE y UGT).

Instada su suspensión por todas las fuerzas políticas parlamentarias excepto el PP, incluso por las asambleas de Madrid y Murcia sin siquiera el voto en contra del propio PP. Suspendido expresamente en su aplicación por la mayoría de las autonomías (también, incluso, por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias), que han informado a médicos y enfermeras que sigue todo como antes, y en vigor los protocolos existentes, porque se trata de una norma claramente inaplicable en los centros y servicios sanitarios, ya que ni siquiera contempla un período transitorio de adaptación.

Si a ello le añadimos la altísima probabilidad de que el Tribunal Supremo anule algunos aspectos clave, bien porque van claramente contra el espíritu y la letra de la “ley del medicamento”, especialmente la obligación de acreditación en lo relativo a los productos sanitarios y medicamentos sin receta, bien porque invaden competencias autonómicas.

¿Qué más necesita el ministro de Sanidad (en funciones) para adoptar la decisión que mejor se ajuste a derecho, y que políticamente sea más sensata y acordada, que signifique la suspensión de iure, porque de facto ya lo está, del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros?

Tan pronto comiencen las actividades de control parlamentario al gobierno en funciones, confiamos en que los grupos parlamentarios insten la comparecencia urgente del ministro de Sanidad para, primero, pedirle explicaciones sobre el extraño e irregular proceso de aprobación de la norma y los intereses a que respondió; y, segundo, exigir que comience ya el procedimiento de derogación inmediata de un Real Decreto cuya muerte ya está más que anunciada.

Juan Hernández Yáñez.
Sociólogo, consultor y divulgador.


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