25/JULIO/2017
salud

Opinión

¿Es aceptable un baremo de daños sanitarios que no cuenta con los pacientes?

Javier de la Peña Prado
Socio-Director de Lex Abogacía

| - 07-07-2017 | 0


En fechas recientes han aparecido en medios de comunicación diferentes artículos, noticias y declaraciones sobre la previsible próxima aprobación de un baremo de daños sanitarios, que eliminará la aplicación orientativa y analógica que se viene haciendo del baremo para daños originados por accidentes de tráfico. Parece que es cuestión de poco tiempo su aprobación.

Se nos traslada, desde diferentes foros y artículos, que el baremo para daños sanitarios es una imperiosa necesidad, que dotará de seguridad jurídica a todas las partes involucradas, racionalizará las indemnizaciones, frenará el riesgo de desamparo de la actividad sanitaria, etcétera.

Como ejemplos paradigmáticos de las bondades de la nueva norma cuya aprobación mayoritariamente se propugna, hay tres argumentos que considero merecen especial atención, puesto que son reiteradamente expuestos por quienes abogan por el nuevo baremo de daños sanitarios:

1º Se expone que las indemnizaciones deben reducirse, porque en el caso de los accidentes de circulación la víctima no tiene ninguna patología previa, situación distinta a los pacientes que padecen una mala atención sanitaria, cuyo estado de salud ya está deteriorado antes de ser atendido. La previa enfermedad, por tanto, debe servir como un factor reductor para cualquier indemnización.

"Trasladar la responsabilidad de decisiones empresariales a los pacientes reduciéndoles la indemnizaciones que, como mucho, ayudan a paliar el daño sufrido, no parece lo más lógico"
Frente a ello cabe oponer que, precisamente, la Medicina tiene en el siglo XXI suficiente desarrollo como para permitir la curación o mejoría de muchísimas patologías. Y que, frente a lo imprevisible del momento y lugar de un accidente de un vehículo a motor, los profesionales sanitarios disponen de medios en la mayor parte de las ocasiones para mitigar o eliminar situaciones patológicas. Y la falta de utilización de los medios humanos o materiales que pueden sanar o minimizar las consecuencias de una enfermedad no debe ser, automáticamente, considerado como elemento para reducir cuantías indemnizatorias. La culpa o la negligencia al no usar medios adecuados no es, por lo general, un evento inevitable e imprevisible. Si la ciencia médica permite prever y asistir con elevado porcentaje de éxito un proceso no hay razón objetiva para eliminar esta variable en la “ecuación” del nuevo baremo.

Hay un verdadero corpus doctrinal y de jurisprudencia que ya, de hecho, aplica mecanismos de reducción al considerar la enfermedad previa como un elemento a tener en cuenta (la teoría de la pérdida de la oportunidad) pero acudiendo al caso concreto. No veo posible una norma que se abstraiga del caso concreto y que pueda recoger la infinita casuística que se da en los casos de mala praxis médica. Y ello, además, para establecer de forma general una reducción indemnizatoria. ¿Se contempla que una sucesión de errores impliquen una mayor indemnización?,¿qué pasará si la enfermedad se origina exclusivamente por la mala actuación médica (p. ej: contagio de enfermedad)?, ¿habrá factores para incrementar las indemnizaciones? Sólo un baremo orientativo, absolutamente permeable a considerar un numerus apertusde situaciones que escapen de previsiones apriorísticas podrá tener visos de perdurar en el tiempo y de ser verdaderamente útil para su finalidad.

2º Se expone que el nuevo baremo de tráfico, al aplicarse analógicamente en responsabilidad sanitaria, perjudicará a los médicos (asegurados) porque se incrementarán las primas a pagar (a las Aseguradoras de los médicos). Como ejemplo de ello se nos pone el supuesto abandono, casi desbandada, de las Aseguradoras del sector de la responsabilidad civil sanitaria. En mi opinión, nada de eso ha ocurrido.

Las Aseguradoras médicas que se han retirado del ramo no lo han hecho por el nuevo baremo de tráfico, sino porque han ido acumulando pérdidas económicas anteriores derivadas de actos médicos de extrema gravedad
Las Aseguradoras médicas que se han retirado del ramo no lo han hecho por el nuevo baremo de tráfico, sino porque han ido acumulando pérdidas económicas anteriores derivadas de actos médicos de extrema gravedad, que han dejado fallecimientos y pacientes con graves lesiones y secuelas, que fueron indemnizados con el anterior baremo de tráfico que ahora parece añorarse. Y buena parte de esas situaciones tienen su origen en que, por razones que convendría analizar, existió una penuria de medios grave e inaceptable. Además, las Aseguradoras que han decidido no continuar en el sector sanitario ya están siendo sustituidas por otras, que habrán hecho sus previsiones y cálculos. Es decir, pese a todo lo negativo que parece que vendrá, no hay una parálisis del sector, únicamente un periodo de transición.

Trasladar la responsabilidad de decisiones empresariales a los pacientes reduciéndoles la indemnizaciones que, como mucho, ayudan a paliar el daño sufrido, no parece lo más lógico.

3º Se expone que la norma debe beneficiar a todos. Se postulan como sectores afectados por el baremo de daños sanitarios el colectivo médico, las aseguradoras, etc…¿dónde están los pacientes?.Porque si hay verdadero interés en crear una norma que ampare y proteja a todos los agentes del proceso asistencial, tengo la impresión de que no se está contando apenas con el colectivo que, cuanto menos, merece la misma atención que el resto.

Desde la privilegiada visión que da a nuestro despacho el asesorar a diferentes asociaciones de pacientes de implantación nacional puedo asegurar que hay un enorme déficit en ese punto. No se está contando con los pacientes, salvo de forma anecdótica. No hay una mínima compensación argumental ni presencial. El sector sanitario está presente, pero no los pacientes, totalmente infrarrepresentados.Y así, muy probablemente, sólo se pueda lograr un baremo de daños sanitarios que no sirva para su principal fin: atender al dañado.


Javier de la Peña Prado
Socio-Director de Lex Abogacía


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